María Teresa Cortizas, jueza decana de A Coruña
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| T. Cortizas. Foto de Gustavo Rivas |
-¿Cree que la nueva normativa puede hacer que la justicia se convierta en un objeto de lujo?
-Sí, porque va a ser la gente de clase media la que salga más perjudicada. El problema es que las tasas van a ser tanto para las personas jurídicas como para las personas físicas. Sólo se excluye a los que tienen derecho a la asistencia gratuita. El ciudadano medio se va encontrar con que ahora la justicia va a ser solo una justicia para los ricos.
-Es decir, que tendrá que pagar lo mismo por un pleito una gran empresa que un ciudadano de a pie.
-Eso es lo verdaderamente injusto. En derecho civil, por ejemplo, los principales usuarios de la administración de justicia son las grandes empresas. Y se les va a poner el mismo porcentaje de tasas que a un ciudadano de a pie.
-¿Sería más lógico que las tasas se hubiesen fijado en función de la renta del litigante y no de la cuantía del pleito?
-Entendemos que más que tasas se debe poner en conocimiento del ciudadano que la administración de justicia la pagamos entre todos. Cuanto más la utilicemos, el gasto es mayor. Hay determinadas demandas que no tienen que entrar en un juzgado. Establecer una tasa para decir tú accedes y tú no accedes, es muy duro.
-¿No cree que el efecto disuasorio de las tasas sí puede ayudar a liberar de carga de trabajo a los juzgados?
-Efecto disuasorio sí, pero que no limite el acceso a la justicia.
-Una jueza de Alcobendas renunció hace poco a su puesto por no poder asumir las numerosas demandas que le llegaban procedentes de un plató cercano de la cadena Telecinco. ¿Este es otro de los problemas con los que se encuentran?
-Sí, habría que sacar determinados asuntos de los juzgados. Piense que poner en marcha un procedimiento judicial, aunque sea por un problema entre dos vecinas, cuesta una media de 1.300 euros. ¿Cuánto se está gastando por algo que se podría solucionar con un servicio de mediación o incluso arreglándose entre ellas?
-Pero entonces, ¿cómo se puede racionalizar la justicia?
-Desde luego no con este sistema de tasas. No puede ser que una persona, por ejemplo, para poder cobrar una indemnización por una imprudencia médica, tenga que pagar previamente. A lo mejor esa persona no tiene ese dinero para poder recurrir. O puede pasar que no te compense económicamente recurrir una multa.
-Otro de sus caballos de batalla es la supresión de los jueces sustitutos y la no cobertura de las bajas anunciada por el gobierno central. ¿Hasta qué punto están los jueces saturados de trabajo?
-En España somos 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes y la media europea está en los 21,3. Además, en nuestro país, el número de asuntos se incrementa porque hay mucha litigiosidad. No podemos abarcar esta carga de trabajo. La mayoría de los órganos están saturados y la mayoría cumplimos más del 100%.
-¿Cuántas horas trabaja de media un juez?
-Lo nuestro no solo consiste en celebrar juicios. Dedicamos dos o tres días de la semana a señalamientos pero el resto del tiempo tenemos ejecutorias y otras muchas tareas. Además, un juez no puede llegar a un juicio y no haber estudiado el asunto. Eso exige un tiempo. Un médico no puede operar si antes no se ha mirado el historial del paciente.
-Para contribuir a desatascar los juzgados, ¿por qué no celebran vistas por las tardes?
-El mismo juez no puede con todo. Tendría que venir otro juez para hacer eso. Es como cuando el ministro dice, "vamos a celebrar juicios en agosto". A mí no me importa coger las vacaciones en otro mes, señor ministro, pero usted dígame qué mes cojo porque estamos en lo mismo.
-Una de sus principales reivindicaciones es la retirada del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
-Es que pretende convertir el Consejo General del Poder Judicial en una subdirección del Ministerio de Justicia. No podemos ser los garantes de los derechos de los ciudadanos si funcionamos como una parte del poder ejecutivo.
-Si se politiza más el Consejo General del Poder Judicial, ¿repercutirá en la independencia de los jueces?
-Sí. La estructura que prevé el gobierno es una politización completo del Consejo. Le priva de la potestad reglamentaria y las competencias son mucho menores.
-¿Cómo cree que debe cambiar la ley hipotecaria contra la ola de desahucios?
-Los jueces tenemos que aplicar la ley pero moralmente estamos obligados a decir: esta situación es injusta. Las entidades de crédito son los usuarios principales de la administración de justicia y están inundando los juzgados. Desde el 2008 se han llevado a cabo 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
-Y ustedes dicen que no quieren seguir actuando como "meros cobradores del frac".
-Sí, no queremos ser eso.
-¿Cómo debería encaminarse la reforma legislativa?
-El deudor debería tener la posibilidad de oponerse a esa ejecución hipotecaria; el Código de Buenas Prácticas para los bancos debería ser obligatorio; se debería de aumentar el porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta (ahora es el 60% de su valor de tasación); y el perito que haga la tasación no debería sea nombrado por el banco. Hay muchas posibilidades.
-¿Por qué en muchos casos de corrupción los que roban dinero público no acaban en la cárcel y en cambio esto sí que ocurre con el ladrón que roba un bolso?
-Porque puede ser que el que roba el bolso lo haga con violencia y sea reincidente y entre los casos de corrupción a veces la persona no es reincidente, tiene un arraigo social y el ministerio fiscal no pide su ingreso. Ahí el juez no puede adoptar una medida tan grave. Es muy complicado y hay que analizar cada caso en concreto. Además hay que proteger la presunción de inocencia.
-Lo que pasa es que, por culpa de situaciones como esta, el ciudadano siente cada vez un mayor desafecto hacia la justicia. Pasa lo mismo que con la política.
-Sí, y además ha habido un aumento de este tipo de delitos de corrupción o de índole económica y esto produce mucho desapego social.
-¿Una justicia lenta no es justicia?
-Una justicia lenta no es justicia. El ciudadano exige una respuesta rápida y eficaz pero si tenemos tantos asuntos es imposible dar una respuesta rápida y eficaz.
-¿Se siente orgullosa de ser la primera mujer al frente de este partido judicial? Ahora mismo también es la única mujer en la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
-Yo no le doy mérito a eso. Creo que no se debe establecer una diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos las mismas capacidades y cada vez somos más.
-Pues en el sector de los medios de comunicación, también hay cada vez más mujeres periodistas pero muy pocas son jefas.
-Reconozco que nos sigue resultando muy difícil llegar a puestos directivos. Cuesta llegar, sí. Y se nos exige más.
-¿Cuál ha sido el caso que más le ha impactado juzgar?
-Un asunto de menores, era un caso de violencia de un padre sobre un bebé. Los maltratos familiares, sobre todo a niños, son los casos que más me disgustan. Además de los delitos contra la libertad sexual. La violencia familiar puede ser muy dura a veces.
(Entrevista escrita por Loreto Silvoso y publicado en La Voz de Galicia el 11 de noviembre del 2012)
